Desde el año 2015, los venezolanos hemos venido escuchando acerca de una serie de sanciones y excepciones a las mismas que ha interpuesto la administración de la Casa Blanca a Venezuela. Ahora bien, nos nacen las siguientes interrogantes: ¿en qué consisten esas sanciones? ¿a quienes les aplica? y ¿por qué fueron impuestas? Trataremos brevemente de responder a estas inquietudes.

Luego de las intensas protestas llevadas a cabo durante el año 2014, el Congreso de los Estados Unidos promueve una Ley que obliga al Presidente a imponer sanciones sobre las personas que considere responsables de actos de violencia o violación de derechos en relación con las protestas que se llevaron a cabo durante el mes de febrero de ese año, «o sobre cualquier persona que haya dirigido u ordenado el arresto o acusación de cualquier persona en ejercicio de su libertad de expresión o de asociación, la cual denomina Ley S. 2142 o Ley de Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil en Venezuela (en inglés, Venezuela Defense of Human Rights and Civil Society Act of 2014) aprobada por el presidente del momento Barack Obama.

A partir de ese momento la Casa Blanca dio inicio a sanciones de carácter personal, revocando visas, congelado cuentas bancarias y activos personales de algunos funcionarios del gobierno venezolano.

Con el pasar de los meses las sanciones se fueron ampliando, cada vez la lista incluía a más y más funcionarios, sus familias y colaboradores, pero hasta entonces ningún activo de la nación y/o cuentas bancarias de entes y/o empresas del Estado habían sido afectadas.

En marzo de 2018, las sanciones empiezan a ser un poco mas invasivas ya que el el presidente estadounidense Donald Trump firma una orden que impide a los ciudadanos norteamericanos y a las personas dentro del territorio de los Estados Unidos a realizar transacciones con cualquier tipo de moneda digital emitida por, para o en nombre del gobierno de Venezuela. Esto refiriéndose al Petro y como respuesta al impulso que Nicolás Maduro pretendía darle a la moneda digital.

Durante los meses de mayo y septiembre nuevos funcionarios son sumados a la lista de sancionados, esto como respuesta a las denuncias hechas por diversos dirigentes de la oposición venezolana de elecciones presidenciales fraudulentas llevadas a cabo en nuestro país.

Llegado enero del presente año y la Administración Trump empieza a torcer más la tuerca con las sanciones, adicionando más funcionarios y con sanciones directas a Petróleos de Venezuela, S.A, Banco Central de Venezuela y las empresas mineras del Estado venezolano.

Así el 28 de enero el Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro dictan nuevas sanciones que consisten básicamente en la prohibición de toda persona estadounidense o residente natural o jurídica a que establezcan relaciones comerciales con PDVSA; asimismo cancelan las órdenes de compra a PDVSA y ceden el control de su filial CITGO y de cuentas bancarias del Estado venezolano en su territorio al Gobierno de Transición.

Sin embargo, como toda regla, tiene su excepción y ésta son manejadas a través de licencias que han permitido a empresas como Chevron (socia de PDVSA en la Empresa Mixta Petropiar) Halliburton, Baker Huges, entre otras a “mantener relaciones comerciales” con la Industria Petrolera.

Ejemplo de estas excepciones, tenemos a la más reciente de ellas denominada Licencia General 34, emanada el pasado 9 de septiembre de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), la cual autoriza transacciones que involucren algunos entes y órganos del “Gobierno Venezolano”.

Ahora bien, ¿por qué surge esta excepción? El Dr. Cesar Mata García, en una reciente publicación en el Universal explica lo siguiente: “Con relación al objetivo, se ha dado a conocer, a través de los medios de comunicación, que la LG 34 obedece a una solicitud ‘inminente’ de la banca en el estado de la Florida ante la OFAC, por la creciente afectación de muchos de sus cuentahabientes en dicha zona. Al efecto, hubo una acción impulsada por la Asociación Internacional de Banqueros de la Florida (FIBA, por sus siglas en inglés)”.

Sin embargo, la mencionada norma no hace restrictiva la excepción al estado de la Florida, por el contrario, tiene vigencia a nivel nacional, menciona el Dr. Mata, al igual que se pregunta respecto al verdadero objetivo de la LG 34, el cual analiza en detalle y concluye: “La redacción de la LG 34 ha generado muchas inquietudes entre el empresariado nacional, la banca en general y los operadores políticos involucrados en los destinos de Venezuela. Por lo anterior, es sano asumir que la OFAC podría, en un corto plazo, emitir una aclaratoria sobre le redacción en referencia, ya que la pregunta y respuesta frecuente 680 de esa Oficina no contribuye a aclarar el objetivo de la Licencia General 34 ni mucho menos su ‘verdadero’ alcance”.

De todo esto se desprende en primer lugar que las sanciones son netamente de carácter político instrumentada por mecanismos jurídicos, que cuando se va a su implementación por tener carácter erga omnes tienen efectos quizás no previstos por el sancionador o interpretados restrictivamente por quienes les corresponde hacerlas cumplir, creando dudas e incertidumbre a los afectados colaterales.

Asimismo, podemos afirmar que las sanciones han cercado a Nicolás Maduro y sus colaboradores, limitando considerablemente sus fuentes de ingresos y llevándolo a deslegitimar aun más todas sus acciones, pero a la fecha no se ha producido cambio político alguno, objeto principal de las mismas.